BLOG PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

2011-09-21T00:13:00.008+02:00

INFORME DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS A PETICIÓN DE ASP SOBRE LA INCLUSIÓN DEL DNI EN LAS TIP Y LA IDENTIFICACIÖN PROFESIONAL EN LOS JUZGADOS.

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS . . . . . Nº Ref. 25909212010

A LA AGRUPACIÓN SINDICAL PROFESIONAL DEL PERSONAL HABILITADO DE SEGURIDAD PRIVADA

En contestación a su escrito con entrada en esta Agencia el día 22 de julio de 2010, adjunto informe elaborado al efecto por nuestro Gabinete Jurídico.

Debo significar que el mismo no tiene carácter vinculante y no prejuzga el criterio del Director de la Agencia en el ejercicio de sus funciones, entre las que la Ley no prevé la evacuación de consultas vinculantes.

Madrid, 10 de enero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales necesarios para dar respuesta a la consulta planteada han sido incorporados al fichero "Consultas" del que es responsable la Agencia Española de Protección de Datos, creado por la Resolución del Director de la Agencia de fecha 27 de julio de 2001 (B.O.E. de 17 de agosto de 2001), con la finalidad de poder tramitar su solicitud y remitirle el correspondiente informe. Úd. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid.

Gabinete Jurídico

Ref. de entrada 259092/2010

Se ha examinado por este Gabinete Jurídico, la petición de informe que se ha cursado, en relación con la consulta formulada por el Coordinador del Área Jurídica del SINDICATO AGRUPACIÓN SINDICAL PROFESIONAL PERSONAL HABILITADO DE SEGURIDAD PRIVADA, acerca de lo siguiente:

En realidad, han sido presentados para consulta dos escritos diferentes, con peticiones no coincidentes, por lo que es preciso distinguir:

A).-En el primero de aquellos, se expone que es práctica habitual en los juzgados españoles el que, en la celebración de juicios orales, se exponga en la entrada a la sala de vistas un listado con los juicios a celebrar, donde se exhiben a la vista de todo el mundo los datos personales de los asistentes al juicio, así como su grado de participación.

Se añade en síntesis a ello, que los vigilantes de seguridad, puesto que tienen la obligación de detener y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes que sorprendan, han de acudir posteriormente a juicio, figurando los datos personales de aquellos profesionales a la puerta de las salas de audiencias, a la vista de cualquiera "delincuentes de todo tipo incluidos".

Se dice que los hechos expuestos atentan a la intimidad de los vigilantes de seguridad e incluso, que pueden comprometer su seguridad. Se señala que por el contrario, los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad públicos se encuentran en diferente situación, pues los mismos son identificados únicamente por su número de identificación profesional (TIP). Y se termina solicitando:

"Que se realice estudio sobre los hechos comunicados, se informe sobre la viabilidad de la solicitud planteada y en su caso, se remita dicho informe o resolución vinculante a los órganos competentes y afectados para que se subsane esta grave irregularidad, que desde este sindicato estimamos que va en contra de la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos y sobre todo de los agentes de seguridad privada".

Finaliza el escrito solicitando la condición de parte interesada, a efectos de posibles recursos posteriores.

Examinando los hechos tal como son narrados por el firmante del escrito dirigido a la Agencia, son de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª)._ Entre las peticiones formuladas -y según se ha expuesto -figura el que "se remita dicho informe o resolución vinculante a los órganos competentes y afectados...".

Pero es evidente que lo que ahora se elabora es un informe o respuesta a la petición de consulta, es decir, no se trata de elaborar una verdadera resolución administrativa o decisión con efectos jurídicos frente a terceros, sino de dar una opinión jurídica.

2ª)._ De los extremos que narra el firmante del escrito remitido a esta Agencia, se desprende que:

Se está en presencia ante todo, de un tratamiento de datos por parte de los órganos judiciales, en el ejercicio de sus funciones, lo que conduce a considerar en primer lugar, como presupuesto de concepto, el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, la Ley), artículo que regula el tratamiento de datos.

En el presente caso (y resumiendo esta cuestión, que no es el eje de la consulta formulada) resulta: Aquel precepto exige para proceder al tratamiento de datos, "el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa". En paralelo sentido, el Reglamento de desarrollo de aquella Ley, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, el Reglamento), en su art. 10.

Pues bien, es evidente que las leyes procesales y de gobierno del Poder Judicial otorgan ampliamente tal facultad de tratamiento a los órganos judiciales. En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 6/1985, de 1 de julio, que incluso, en su arto 230 establece previsiones específicas para el tratamiento automatizado de datos, a las que más adelante nos referiremos. (Y ello sin perjuicio de otra normativa).

El tratamiento pues, en sí mismo, es plenamente legal.

3ª)._ Pero de lo narrado por el presentador del escrito a esta Agencia, se deduce también que la publicación de los datos personales de los vigilantes de seguridad, en los tablones de anuncios de las salas de vistas de los órganos judiciales (y según se narra), constituyen una exhibición o exposición pública de tales datos, que es preciso analizar y delimitar.

En primer lugar debe delimitarse si se está en presencia de una hipotética conducta contraria al deber de secreto, que impone el arto 10 de la Ley, o por el contrario, si estaríamos en presencia de una comunicación o cesión de datos, definida en el art. 3-i, de la Ley como "toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado". Y ello nos conduce a lo siguiente:

El deber de secreto sancionado en aquel art. 10 es en definitiva, un principio general inherente al tratamiento de datos de carácter personal, siendo consustancial a toda su regulación. Sirve a los efectos de lograr la debida confidencialidad, privacidad y seguridad en el tratamiento de aquellos datos.

Implica observar una prudente conducta de reserva en el tratamiento de los datos, evitando dispersiones, pérdidas o divulgaciones más o menos indiscriminadas, de los mismos y aunque tales hechos no fuesen deliberados. y por ello, obliga a observar ciertos protocolos de seguridad, tendentes a evitar precisamente aquellas situaciones de pérdidas involuntarias. Así pues, la posible infracción de tal deber de secreto no precisa de una conducta deliberada y plenamente voluntaria de difundir el dato, sino que bastaría una actitud negligente o una simple inobservancia de las procedentes medidas de seguridad. No implica pues, la voluntad de poner a disposición de terceros datos personales para su utilización por los mismos.

Por el contrario, la cesión o comunicación de datos (regulada en el art. 11 de la Ley y en el art. 10 de su Reglamento) requiere una concreta voluntad de transmitir los datos a un tercero distinto del interesado, tercero que accede a los mismos y que potencialmente los utilizará. El componente volitivo de ceder es pues, inherente a la cesión y no puede producirse por simple negligencia o por inobservancia de normas de seguridad, al menos en la puridad de su concepto. Es en suma, una conducta más definida, deliberada y específica que la correspondiente a la inobservancia del deber de secreto. Comporta además, un mayor riesgo que en este último caso, pues con la cesión (y en concreto con la cesión inconsentida, que es de la que se trataría) los datos salen de un fichero y se incorporan a otro.

Para completar este trazo de lo que es la cesión, cabría apuntar: Aquel art. 11 establece en su número 1, un principio taxativo cual es:

Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

Sin embargo en el núm. 2 del artículo se establecen una serie de excepciones a la necesidad de aquel previo consentimiento. Y entre otras excepciones y en lo que aquí hipotéticamente pudiera interesar, se encuentra el supuesto de que la cesión esté autorizada en una ley.

Y en relación con la apuntada diferenciación entre deber de secreto y cesión de datos, las sentencias de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2003 (rec. 1565/01) Y de 9 de noviembre de 2005 (rec. 371/03) marcan las diferencias entre el deber de secreto y la cesión -inconsentida -de datos.

En el presente caso, la exposición pública de los datos de carácter personal de los Vigilantes de seguridad, a la entrada de las salas de vistas de los juzgados -y tal como lo narra el presentador del escrito -constituiría una infracción del deber de secreto y no una cesión inconsentida de datos, lo que se deduciría de todo lo que se lleva expuesto y en concreto, de lo siguiente:

Aquella exposición se produce en y para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, sin un ánimo específico y deliberado de ceder los datos de los vigilantes de seguridad a alguien que pudiera incorporarlos a un fichero para su posterior tratamiento. Se trata pues, de un simple mecanismo de información pública, que se inserta en el transcurso de las tramitaciones procesales y sin otra intencionalidad específica, amparado en las leyes procesales. Pero como enseguida se dirá, ello no implica que aquella exposición al público no pueda ser susceptible de medidas correctoras para salvaguardar los datos de carácter personal a que nos venimos refiriendo.

Desde luego, las leyes procesales generales amparan (con las restricciones que luego se dirá) aquella exhibición o exposición pública de datos personales de los vigilantes de seguridad, en la medida que esta sea necesaria para el buen desenvolvimiento del proceso o causa. En concreto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las citaciones y el examen de los testigos, tanto en el sumario como en el juicio oral (v.g. arts. 410 y s. s. ; y arts. 701 y s. s.) lo que evidentemente supone la identificación pública y el conocimiento de los datos personales del testigo -al menos en una cierta medida --en el transcurso de las actuaciones y en cuanto estas lo exijan.

Ahora bien y como ya se ha anticipado, aquella exposición pública sí es susceptible de recibir una serie de correcciones y adaptaciones, que permitan en definitiva, cohonestar la buena marcha de los procesos judiciales con la protección de los datos de carácter personal de quienes intervienen en ellos y en concreto -y para lo que de ahora se trata -de los de los vigilantes de seguridad.

Ello podría conseguirse adoptando las pertinentes cautelas y medidas de seguridad, que como tales, obligarían a todas las personas que intervienen en las actuaciones de tramitación procesal y en concreto, en los actos de citación a juicio de los vigilantes de seguridad.

La obligatoriedad de aplicar aquellas cautelas y medidas de seguridad se fundamenta en el imperativo de observar el deber de secreto a que antes se ha aludido, lo que se relaciona y se complementa además, con lo que se expone a continuación.

4ª)._ La legislación de protección de datos de carácter personal regula lo que denomina la calidad de los datos. Y así, la Ley y bajo el epígrafe de Principios de Protección de Datos, regula en su art. 4, la referida calidad de los mismos, señalando en el apartado primero del precepto:

Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

En definitiva, este precepto, basándose en un principio de prudencia, moderación y proporcionalidad, establece que, puesto que los datos de carácter personal son algo a proteger en todo momento -como algo inherente a las personas físicas -han de tratarse en la medida en que sean necesarios para fines plenamente justificados y solamente los datos que sirvan a tales fines y no otros. Es decir, debe ser un tratamiento o manejo de datos justificado y en cuanto sea necesario.

El Reglamento se refiere a los principios relativos a la calidad de los datos, en su art. 8, en el que se sanciona:

2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.

Y en el apartado 4, se señala:

4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

5ª)._ Siendo ello así, es razonable y conforme a tales preceptos el que el tratamiento de los datos de carácter personal que efectúen los órganos judiciales respecto de los vigilantes de seguridad, hayan de acomodarse a lo que sea realmente necesario para conseguir el debido enjuiciamiento de los hechos y actos a que se refiera el proceso o causa. No podrán pues, tratarse y exponerse al público datos de carácter personal que sean innecesarios, excesivos o desproporcionados.

Más en concreto, sería conforme con aquellos preceptos el que en los listados, anuncios o información equivalente que manejen los órganos judiciales -y que sean de fácil acceso público o a lo sumo con una leve actuación -no consten los datos identificativos de los vigilantes de seguridad que hayan tenido o hayan de tener algún tipo de intervención en los procesos o causas (piénsese cuando estos comparecen en juicio como testigos de actos presuntamente delictivos). Aquellos profesionales podrán ser debidamente identificados a los efectos que se precisen, a través de un número o código de identificación personal, a semejanza de cómo sucede con los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos y según relata el firmante del escrito de consulta. En definitiva, los vigilantes de seguridad podrían y deberían ser identificados por el medio suficientemente idóneo para garantizar la intimidad y seguridad de los mismos.

No es ocioso citar, siquiera sea brevemente, la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales, la cual articula una serie de medidas protectoras para salvaguardar la identidad y los datos personales de peritos y testigos, cuando se aprecie algún grado de peligro para la seguridad de los mismos, como consecuencia de su intevención en una causa criminal.

La razón de ser fundamental de esta norma es de tener en cuenta también en el supuesto que ahora se analiza.

6ª)._ La Ley Orgánica del Poder Judicial antes citada establece una serie de previsiones que se sitúan en paralelo con lo expuesto, y así:

Su art. 230, en su apartado 3°, sanciona: Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.

Este precepto avala el que se haya de proteger la identidad y los datos personales de los intervinientes en juicio y en concreto, de los vigilantes de seguridad a que se refiere este informe.

En línea con lo dicho, el apartado 5 del propio artículo establece: Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. (Evidentemente la remisión a la Ley que acaba de citarse debe entenderse efectuada en la actualidad, a la vigente Ley de Protección de Datos, ya mencionada).

Los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial se han ocupado de ciertos aspectos relacionados con estos temas, y así: El Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales, establece en su art. 87: Los ficheros automatizados a los que se refiere el artículo 230.5 1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial se formarán con los datos de carácter personal que figuren en los procesos de los que conozcan y con los que consten en los procedimientos gubernativos. Los primeros se denominarán ficheros de datos jurisdiccionales y los segundos ficheros de datos no jurisdiccionales.

2. En los ficheros de datos jurisdiccionales solamente se contendrán los datos de carácter personal que deriven de las actuaciones jurisdiccionales y, en particular, los siguientes:

a) Los que en atención a lo dispuesto en las Leyes Procesales sean) necesarios para el registro e identificación del procedimiento o asunto jurisdiccional con el que se relacionan.

b) Los que sean necesarios para la identificación y localización de quienes pudieran tener derecho a intervenir como parte.

c) Los necesarios para la identificación de quienes asuman las labores de defensa o representación procesal o intervengan en cualquier otra calidad en el procedimiento o asunto.

d) Los que exterioricen las resoluciones dictadas y las actuaciones en él realizadas.

e) Los derivados de la instrucción o tramitación de las diligencias judiciales.

Este precepto exterioriza también y por su parte, una preocupación por la protección de datos de carácter personal.

B).-En el segundo de los escritos presentados de dice:

Desde la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) perteneciente al Ministerio del Interior se está planteando la posibilidad de usar el número del DNI como número de identificación ante los ciudadanos por parte de los vigilantes de seguridad y sus especialidades.

Este proyecto -se sigue diciendo -pasaría por cambiar el actual número de Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) por el número del DNI, tanto en la tarjeta como en la placa identificativa de estos profesionales.

Desde este sindicato -se añade -se cree que esta medida puede atentar contra la protección de datos de carácter personal, al estar obligados por ley a tener que identificarnos ante cualquier ciudadano con nuestra tarjeta profesional y al estar el número del DNI permanentemente visible en la placa identificativa.

Y se pide: "se realice dictamen sobre la legalidad o no de este proyecto por parte de la UCSP, yen su caso se remita dicho informe o resolución vinculante a los órganos competentes y afectados para que se subsane esta grave irregularidad que desde este sindicato estimamos que va en contra de la protección de datos de carácter personal de los ciudadanos",

Finaliza el escrito solicitando la condición de parte interesada, a efectos de posibles recursos posteriores.

En relación con esta exposición es de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1ª)._ En primer lugar, a destacar la incertidumbre que origina el que, tal como expone el firmante del escrito, se trata de alusiones a algo que no es real y concreto, pues se dice: "Desde la Unidad...se está planteando la posibilidad de usar..." (nos remitimos en definitiva a lo antes transcrito).

Es decir, no se está en presencia de ningún proyecto o anteproyecto de norma que esta Agencia debiera informar v. g. , de conformidad con lo previsto en el arto 5, apartado b) del Estatuto de aquella, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.

Por ello, no cabe confeccionar un informe en tal sentido, sino emitir uno que sea una respuesta a la consulta, tal como se formula.

Es cierto también que conforme al apartado c) del artículo que acaba de citarse, la Agencia dictará instrucciones y recomendaciones precisas para adecuar los tratamientos automatizados a los principios de la Ley Orgánica.

2ª )._ Por otra parte, en el segundo de los escritos remitidos se solicita también que en su caso, se remita dicho informe o resolución vinculante a los órganos competentes y afectados.

A propósito de esta petición, es de señalar lo que ya decíamos respecto de la misma petición articulada en el primer escrito (en el apartado A -1a,), que es: Pero es evidente que lo que ahora se elabora es un informe o respuesta a la petición de consulta, es decir, no se trata de elaborar una verdadera resolución administrativa o decisión con efectos jurídicos frente a terceros, sino de dar una opinión jurídica.

3ª).-y ya al margen de ello:

La implantación del número del DNI como elemento de identificación de los vigilantes de seguridad, en la tarjeta profesional y en la placa identificativa de los mismos (tal como se dice en la narración del firmante del escrito), implicaría que posteriormente habría que exhibir llegado el caso, aquel número a los ciudadanos.

Este planteamiento del firmante de la consulta implica en primer lugar y como es obvio, el tratamiento de aquel dato por parte del Ministerio del Interior, lo que nos parece claramente legal, dado -en síntesis, pues otra cosa sería ociosa que el arto 6 -1 de la Ley exige para tal tratamiento el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. Y en el número segundo del precepto, se exceptúa de la necesidad de tal consentimiento, los casos, entre otros, en que los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Ello concurre claramente en el presente caso y sin que este tema -es decir, el tratamiento en sí de los datos -sea el núcleo de la consulta.

Pero como se decía, aquella implantación del número del DNI podría ir seguida de su exhibición a los ciudadanos, en su caso. Y ello nos conduce a determinar -como ya sucediera en la primera consulta de este escrito, tratada en el epígrafe A) -si tal exhibición implicaría un acto contrario al deber de secreto (aún realizado por el propio vigilante que exhibiría la placa con el DNI, pues lo haría obligado por las normas aplicables; este dato sería pues, irrelevante) o por el contrario, implicaría una cesión o comunicación de datos.

Pues bien y supuesto ello, teniendo en cuenta las consideraciones que se han expuesto en el apartado A) -3a) de este escrito, estaríamos en presencia de una conducta contraria al deber de secreto (que se habría forzadamente impuesto al propio vigilante de seguridad) y no ante un cesión -inconsentida de datos. Damos ahora por reproducidas aquellas consideraciones, con las imprescindibles y obvias adaptaciones a este supuesto -para evitar inútiles repeticiones. Pero sin perjuicio de esta remisión a lo ya expuesto, sí nos permitimos ahora añadir:

Examinando la legislación que regula el régimen de la seguridad privada, no parece que exista una norma que autorice la exhibición a los ciudadanos de un indicativo que contenga en forma visible el DNI de un vigilante de seguridad. Y así:

La Ley de Seguridad Privada, Ley 23/1992, de 30 de julio establece, en su art. 12 -1:

Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Evidentemente la norma no se refiere para nada al DNI, ni en tal precepto, ni en el resto del articulado.

De manera complementaria y a simples efectos aclarativos, podríamos apuntar que otras normas de desarrollo de aquella Ley inciden -y como no podía ser de otra manera -en la misma idea (ausencia de mención al DNI) y así:

El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre alude, en su art. 68 a la identificación del personal de seguridad en términos que se ajustan a lo que llevamos dicho. Parecen ociosas otras menciones, salvo simplemente apuntar que la Orden ministerial del entonces Ministerio de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, que da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, se refiere, en su apartado decimotercero, a la tarjeta de identidad profesional (del personal de seguridad) y en el vigesimoquinto, al distintivo. Todo ello, en la línea expuesta.

Por consiguiente, puede concluirse con que la mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales. Y es que aquella mención visible, en cuanto debiera exhibirse a los ciudadanos, sería contrario a la legislación de protección de datos.

4ª Con lo que acaba de exponerse, creemos que bastaría para dejar dilucidada esta cuestión, pero aún se podría apuntar -a mayor abundamiento --que en la misma están también presentes los principios reguladores de la calidad de los datos que anteriormente se desarrollaba en el epígrafe A) -46) Y 56), obviando como es lógico, las referencias allí efectuadas a los órganos judiciales. (Ello se resume en que el tratamiento de los datos de carácter personal, cuando ello sea legal, debe limitarse a lo que sea necesario y suficiente al fin que se persiga).

Así pues, por cuanto antecede y a modo de CONCLUSIONES

A).-Se ha de proteger la identidad y los datos personales de los vigilantes de seguridad intervinientes en juicio, evitando la publicidad de estos datos. Deben adoptarse al respecto las pertinentes cautelas y medidas de seguridad.

B).-La mención visible del número del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales, en cuanto tales elementos constituyen medios de identificación ante los ciudadanos.

Es lo que con simple valor de dictamen en Derecho -y por consiguiente, con las diversas reservas efectuadas -tengo el honor de informar.

Madrid, 23 de octubre de 2010.

EL ABOGADO DEL ESTADO

Fdo.-Felipe Pastor Ramos.

SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid www.agpd.es

.

2011-08-22T15:11:00.009+02:00

ELUDAMOS EL ART. 27 APART. 1 DE LA ORDEN MINISTERIAL INT318/2011 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCOLTAS PRIVADOS

Recogido de la Web del sindicato de habilitados ASP en el enlace: www.agrupacionsindicalprofesional.com

Compañeros,

Como muchos sabréis, tenemos en la recién entrada en vigor Orden Ministerial INT318/2011 algún artículo polémico, innecesario y muy perjudicial para los habilitados de seguridad privada, como lo de la sustitución del nº de la TIP por el del DNI. En ese campo ya estamos trabajando vía Audiencia Nacional.

De lo que aquí vamos a tratar es de esa clara muestra de comportamiento inmaduro e infantil que nos muestra que algunos policías del CNP son unos acomplejados. Vamos a tratar el artículo 27, apartado 1 de la Orden Ministerial INT318/2011 que dice textualmente:

"1. Los escoltas privados vestirán de paisano y para su identificación profesional utilizarán su tarjeta de identidad profesional, sin poder estar acompañada de ningún emblema, placa o distintivo o con presentación semejante a la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

De entrada decir que esto es una majadería indigna de un legislador demócrata, que solo puede obedecer a ciertos complejos policiales respecto de la seguridad privada. No tiene otro racionamiento lógico ni comprensible.

Lo que debemos saber sobre esa perogrullada redactada por quien quiere sentirse "diferente" y "superior", porque hecha la Ley hecha la trampa, es:

No afecta para nada a los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos ni guardas particulares del campo y especialidades, que podrán seguir mostrando su identificación profesional o TIP acompañada de lo que les salga de las narices, ya sea una placa, un distintivo o la foto de Madonna si les viene en gana, porque es de aplicación exclusiva a los escoltas privados. Mientras no sea una placa policial oficial ni se intente hacer pasar por policía, podemos acompañar a nuestra TIP con lo que nos apetezca, sin que ningún policía acomplejado pueda rechistar por ello. La Orden Ministerial solo lo prohíbe abusivamente a los escoltas privados, y a NADIE MAS.

Los escoltas privados:

Este colectivo, según ese artículo de la Orden Ministerial sin duda hecho a mala ostia, no podrá acompañar a la TIP con ningún emblema, placa o distintivo al identificarse, esto es, al mostrar al policía de turno la habilitación o TIP. Pues bien, al identificarnos, los escoltas solo deberemos mostrar la TIP, sola, sin acompañantes. Lo que la Orden Ministerial no dice ni puede decir es qué podemos llevar en nuestra cartera y que no, porque en mi cartera yo llevo lo que me salga de los huevos, hablando en plata, sin que pueda venir la policía a decirme si puedo o no mientras no sea algo ilegal, y las placas de fantasía no lo son.

Como nos dicen que la TIP no puede acompañarse de placa o distintivo, etc., etc. al identificarnos (sola y exclusivamente al mostrar la identificación), y aunque dudo mucho de la legalidad de tal imposición, la solución para quien desee seguir llevando la TIP en esa bonita cartera que trae una preciosa placa donde rezan las palabras "escolta privado" es simple; la seguimos llevando como siempre, pues eso NO ESTÁ PROHIBIDO.

A la hora de identificarnos si un policía nos lo requiere, se extrae la TIP de la cartera que tiene su brillante placa y una vez extraída la cerramos. En ese momento, y solo entonces, no antes, mostramos nuestra TIP al señor agente de policía que nos la está requiriendo. Solo vamos a mostrar la TIP, sin mas añadidos y fuera de la cartera. Cuando ya la tengan bien vista, nos la volvemos a guardar en la cartera, y hasta luego, señor agente.

Como veis, no nos habremos identificado con una TIP acompañada de placa ni nada parecido en ningún momento, y por lo tanto no habremos incumplido ese estúpido artículo de la O.M.

Si algún policía intenta pese a todo denunciarnos por portar una cartera con una placa que es perfectamente legal (legal es absolutamente todo lo que no es ilegal) si por casualidad nos la ve, podemos recurrir y ganaremos esa denuncia e incluso denunciar por prevaricación al policía llegado el caso. Si se da ese caso, le explicaremos esto al agente por si entra en razón. Si insiste, ya será suya la responsabilidad.

Ya que van a por nosotros, que sepamos como defendernos, porque está claro que no buscan el buen rollo entre privados y públicos.

.

2011-02-27T01:13:00.005+01:00

ORDEN MINISTERIAL INT/318/2011, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, encomiendan al Ministerio del Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el mandato recibido, en la presente Orden:

Se fijan los requisitos que han de reunir los centros de formación, para su autorización, y los que ha de reunir el profesorado para su acreditación, concretándose diversos aspectos sobre la formación inicial y permanente del personal de seguridad privada.

Se establecen las características de la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, de las cartillas profesionales y de las cartillas de tiro.

Se especifican las normas reglamentarias relativas a uniformidad, armamento, distintivos y medios de defensa, especialmente de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares del campo y sus respectivas especialidades.

Por último, se complementan las indicaciones legales y reglamentarias relativas a habilitación, delegación de funciones, menciones honoríficas, así como al ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada, especialmente en materia de principios de actuación y de colaboración con la seguridad pública.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora tales Directivas al ordenamiento jurídico español, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado español.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Mixta Central de Coordinación de la Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

TÍTULO PRIMERO

Formación y habilitación del personal de seguridad privada

CAPÍTULO PRIMERO

Formación

Sección 1.ª Centros de formación

Artículo 1. Requisitos de autorización de centros.

1. Los titulares o promotores de centros de formación en los que se pretendan impartir enseñanzas de formación y actualización de personal de seguridad privada solicitarán la correspondiente autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad que, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, resolverá lo procedente en función de los requisitos que se establecen en el anexo I de la presente Orden.

2. En los casos de centros de formación específicos y exclusivos para guardas particulares del campo y sus especialidades, la referida propuesta de autorización corresponderá a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en el citado anexo I dará lugar a la revocación de la autorización.

Artículo 2. Requisitos de acreditación del profesorado.

1. El profesorado de los centros de formación a que se refiere el artículo anterior habrá de estar acreditado, previa comprobación de los requisitos que se determinan en el anexo II de esta Orden.

2. Se constituirá una Comisión de Valoración del Profesorado, en el Cuerpo Nacional de Policía, integrada por expertos en las distintas materias, que habrá de emitir informe sobre la concurrencia de los requisitos de acreditación.

3. La acreditación del profesorado que imparta formación a los guardas particulares del campo y sus especialidades, corresponderá a la Guardia Civil, mediante la respectiva comisión.

Artículo 3. Inspección de los centros de formación.

1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, realizará actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros de formación autorizados, para garantizar que se cumplen los requisitos precisos para su autorización, y que los cursos se adecuan a lo previsto en los artículos 56 y 57 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.

2. En los casos de creación de centros de formación específicos y exclusivos para guardas particulares del campo, las facultades de inspección, serán ejercidas por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

Sección 2.ª Formación previa

Artículo 4. Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.

1. Los aspirantes a vigilante de seguridad habrán de superar, en ciclos de, al menos, ciento ochenta horas y seis semanas lectivas, y los aspirantes a guarda particular del campo, en ciclos de sesenta horas y dos semanas lectivas, en los centros de formación autorizados, los módulos profesionales de formación que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus correspondientes ámbitos, y previo informe favorable, en todo caso, de los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración y, asimismo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, respecto a los guardas particulares del campo, y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, respecto de los vigilantes de seguridad, especialidad de vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas.

2. Los aspirantes a las especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, además de los módulos generales a que se refiere el apartado anterior, deberán superar módulos específicos, asimismo determinados por la Secretaría de Estado de Seguridad, de sesenta horas lectivas o de treinta horas lectivas, respectivamente.

3. Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo deberán superar los módulos específicos para la especialidad correspondiente, establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, consistentes en ciclos de sesenta horas lectivas, para la especialidad de guarda de caza, y treinta horas lectivas, para la de guardapesca marítimo.

4. Los ciclos formativos para los aspirantes a vigilantes de seguridad y a guardas particulares del campo, y sus respectivas especialidades, en su delimitación horaria, podrán comprender un porcentaje máximo del cincuenta por ciento de la formación no presencial o a distancia, debiendo impartirse obligatoriamente con carácter presencial las enseñanzas de naturaleza técnico-profesional, instrumental, de contenido técnico operativo y las prácticas de tiro y laboratorio.

5. A quienes hayan superado los módulos de formación y las pruebas físicas, los centros de formación autorizados les expedirán el correspondiente diploma o certificado acreditativo.

Artículo 5. Detectives privados.

1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, los aspirantes habrán de estar en posesión del diploma de detective privado reconocido a estos efectos por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento del diploma de detective privado al que se refiere el párrafo b) del apartado quinto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Los estudios para la obtención del diploma de detective privado se programarán e impartirán en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación, debiendo incluir, en todo caso, las materias que determine el Ministerio del Interior, y comprenderán, como mínimo, mil ochocientas horas lectivas, desarrolladas, al menos, durante tres cursos lectivos.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las materias que integren los tres cursos lectivos, será determinado por los institutos o centros oficiales, en el programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que los estudios de detective privado formen parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, por los institutos o centros oficiales, el diploma específico de detective privado reconocido en la autorización prevista en este artículo.

Artículo 6. Directores de seguridad.

1. A los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de director de seguridad, los aspirantes a directores de seguridad habrán de estar en posesión de la titulación de seguridad a la que se refiere el presente artículo, reconocida a estos efectos por el Ministerio del Interior.

2. La solicitud de reconocimiento de los cursos de dirección a los que se corresponde la titulación de seguridad referida en el párrafo a) del apartado segundo del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, se remitirá a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

3. Los cursos de dirección de seguridad estarán programados e impartidos por centros universitarios, públicos o privados, reconocidos oficialmente, y deberán contener, al menos, las materias establecidas en el anexo III de la presente Orden, debiendo alcanzar éstas un mínimo de cuatrocientas horas, pudiendo complementarse con otras relacionadas con las funciones y habilidades directivas y la seguridad en general.

4. El orden, contenido, modalidad, forma y amplitud horaria de cada una de las materias que integren estos cursos, será determinado por los centros oficiales, en el programa que se presente a efectos de autorización, en su caso.

5. En el supuesto de que el curso de dirección de seguridad forme parte de un programa de estudios de superior nivel académico, su contenido didáctico y horas lectivas deberán estar claramente diferenciados de éste y expedirse, en todo caso, un título específico con el nombre del curso reconocido en la autorización prevista en este artículo.

Sección 3.ª Formación permanente

Artículo 7. Cursos de actualización y especialización.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, el personal de seguridad privada, al que se refiere dicho artículo, participará en cursos de actualización o especialización impartidos en centros de formación autorizados, que tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas anuales, con un porcentaje de, al menos, el cincuenta por ciento de formación presencial.

Artículo 8. Cursos de formación específica.

En los servicios de seguridad que se citan en el anexo IV de esta Orden, por ser necesaria una mayor especialización del personal que los presta, se requerirá una formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo, computable como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 9. Cursos de formación especial.

Los cursos, conferencias o reuniones formativas organizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de impartir las instrucciones o pautas de actuación para hacer efectivo el principio básico de auxilio, colaboración y coordinación con estas, se computarán como horas lectivas a efectos de la formación permanente del artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

CAPÍTULO II

Habilitación

Artículo 10. Pruebas para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Seguridad Privada, quienes acrediten la superación de la formación previa, referida en el artículo 4 de esta Orden, podrán presentarse a las pruebas de selección que sean oportunamente convocadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, acreditando el cumplimiento de los requisitos generales y específicos determinados en los artículos 53 y 54 del Reglamento de Seguridad Privada, en la forma dispuesta en el artículo 59 de dicho Reglamento.

2. En la resolución de convocatoria, se determinarán las correspondientes pruebas, las fechas de su celebración, los modelos de solicitud y las dependencias de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a las que deben dirigirse, en su respectivo ámbito, según se trate de vigilantes de seguridad y sus especialidades o de guardas particulares del campo y sus especialidades.

3. Las pruebas especificas que debe superar el personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al apartado segundo del artículo 64 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán consistir en las siguientes modalidades:

a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.

b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

Artículo 11. Pruebas para jefes de seguridad.

Con arreglo a lo establecido en el apartado primero del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de jefes de seguridad serán convocadas por la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, tendrán carácter teórico-práctico, y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad, organización de servicios de seguridad, y modalidades de prestación de los mismos.

Artículo 12. Pruebas para directores de seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del apartado segundo del artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, las pruebas para la habilitación de directores de seguridad no titulados, conforme al artículo 6 de esta Orden, serán convocadas por la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, tendrán carácter teórico-práctico y versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los departamentos de seguridad, y características y funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad.

Artículo 13. Acreditaciones profesionales.

1. A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones.

2. En el caso de los detectives privados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 52 y en el párrafo b) del apartado cuarto del artículo 54, ambos del Reglamento de Seguridad Privada, para la obtención de la tarjeta de identidad profesional, una vez superadas las pruebas en los institutos o centros a que se refiere el artículo 5 de esta Orden y obtenido el correspondiente diploma, deberán inscribirse previamente en el Registro correspondiente.

3. Para la expedición de la tarjeta de identidad profesional, se verificarán los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes. Esta misma comprobación se realizará en los casos de retirada de la citada tarjeta por causa de inhabilitación.

4. De conformidad con lo previsto en el apartado primero del artículo 64 y en el artículo 65, ambos del Reglamento de Seguridad Privada, y previos los procedimientos correspondientes para cada caso, se procederá a la retirada de la tarjeta de identidad profesional.

Artículo 14. Tarjeta de identidad profesional.

1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada tendrá las características que se determinan en el anexo V de la presente Orden.

2. La tarjeta de identidad profesional incluirá las habilitaciones para las que el titular se encuentre autorizado. Tendrá un período de validez de diez años, a contar desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de la necesidad de obtención de duplicados cuando se hubiere perdido, sustraído o deteriorado de modo que sea difícil la identificación.

3. Esta tarjeta de identidad profesional será personal e intransferible y servirá para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la Autoridad o sus Agentes.

Artículo 15. Cartilla profesional.

1. La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo se ajustará a las características que se determinan en el anexo VI de la presente Orden.

2. La cartilla profesional se entregará con la tarjeta de identidad profesional y la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial correspondiente, o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera hoja.

3. Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el momento en que se produzcan, salvo las relativas a las de los guardas particulares del campo y sus especialidades no integrados en empresas, que las efectuarán las personas físicas o jurídicas contratantes o los propios guardas, de darse el caso de desarrollar su función por cuenta propia, cumplimentándose las de los cursos de formación permanente por los centros de formación o responsable policial correspondiente, y las relativas a las menciones honoríficas, por la Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comandancia de la Guardia Civil correspondiente, o por los órganos o unidades centrales respectivos.

4. En el caso de prestar servicios, simultáneamente, en varias empresas de seguridad, la cartilla deberá ser cumplimentada en los apartados de altas y bajas y sellada por todas ellas, y permanecerá en custodia en la empresa cuyo contrato sea de mayor jornada o, en su caso, en la que tenga mayor antigüedad.

5. Cuando finalice la relación laboral, la empresa de seguridad entregará la cartilla a su titular, permaneciendo ésta bajo su custodia hasta el momento de su entrega a la nueva empresa que le contrate.

6. En el supuesto de guardas particulares del campo y sus especialidades, no integrados en empresas de seguridad, la referida cartilla permanecerá en su poder durante la relación contractual con las personas físicas o jurídicas contratantes.

Artículo 16. Cartilla de tiro.

1. La cartilla de tiro se acomodará a las características que se determinen y al modelo que se apruebe por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil.

2. La cartilla de tiro se entregará a su titular, con la licencia de armas, y le será de aplicación lo dispuesto en el apartado quinto del artículo anterior.

Artículo 17. Libro-Registro de detectives.

1. El Libro-Registro que han de llevar los detectives, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustará al modelo que se adjunta a la presente Orden como anexo VII. En el caso de que sea informatizado, deberá atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de datos personales; y los órganos administrativos competentes en materia de seguridad privada pondrán en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos cualquiera anomalía que se descubriere respecto del funcionamiento de dicho Libro-Registro.

2. Las hojas o soportes que se utilicen para la composición posterior del Libro-Registro, deberán ser foliadas y selladas con carácter previo al inicio de las anotaciones.

3. En su primera hoja, la Jefatura Superior de Policía, la Comisaría Provincial o Local del Cuerpo Nacional de Policía, o la Policía Autónoma, correspondiente a la demarcación territorial del despacho o de sus delegaciones, asentará la diligencia de habilitación del Libro.

4. En la citada diligencia constarán los siguientes extremos: Fin a que se destina el Libro, nombre del detective titular del despacho, número de orden de inscripción en el Registro de Detectives, número de folios de que consta el Libro, precepto que cumplimenta la diligencia, y lugar y fecha de la misma; debiendo estar firmada por el responsable de la respectiva dependencia policial, o persona en quien delegue.

Artículo 18. Delegación de funciones de jefes y directores de seguridad.

1. Las empresas de seguridad y las entidades con departamento de seguridad comunicarán la delegación de funciones de jefes y directores de seguridad, así como las altas y bajas de éstos, a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.

2. Lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de Seguridad Privada sobre delegación de funciones del jefe de seguridad, será también aplicable al director de seguridad.

3. La delegación de funciones del director de seguridad deberá recaer en personas integradas en su departamento de seguridad.

4. Cuando los delegados del jefe o del director de seguridad no estén habilitados como tales, deberán reunir, como condiciones análogas de experiencia y capacidad, las siguientes:

a) Para los jefes de seguridad, haber desempeñado puestos o funciones de seguridad pública o privada, al menos durante cinco años.

b) Para los directores de seguridad, acreditar el desempeño, durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada.

c) En ambos casos, estar en posesión de las titulaciones recogidas en el apartado cuarto del artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada.

5. Estas delegaciones de funciones se documentarán mediante solicitud remitida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, que registrará, si procede, la correspondiente aceptación, que deberá exhibir el interesado ante los miembros de los Cuerpos de Seguridad que se lo requieran.

TÍTULO II

Armamento y uniformidad del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Vigilantes de seguridad

Artículo 19. Armas reglamentarias.

1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan de prestarse con armas, será el revólver calibre treinta y ocho especial de cuatro pulgadas.

2. Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, los vigilantes utilizarán la escopeta de repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor.

Artículo 20. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.

1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en el apartado segundo del artículo 82 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se ajusten a la realidad de la situación para la que fueron expedidas.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años contados a partir de la fecha de expedición.

Artículo 21. Ejercicios de tiro.

Los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas, efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus funciones.

Artículo 22. Uniformidad.

1. La uniformidad de los vigilantes de seguridad se compondrá de las prendas establecidas en el anexo VIII de la presente Orden, que podrá ser modificada por Resolución del Director General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. La composición del uniforme de los vigilantes de seguridad, en cuanto a la combinación de las distintas prendas de vestir, se determinará por cada empresa de seguridad, en función de su conveniencia o necesidades, de las condiciones de trabajo, de la estación del año y de otras posibles circunstancias de orden funcional, laboral o personal. En todo caso, el uniforme, como ropa de trabajo, estará adaptado a la persona, deberá respetar, en todo momento, su dignidad y posibilitar la elección entre las distintas modalidades cuando se trate de prendas tradicionalmente asociadas a uno de los sexos.

3. La posible utilización de otro tipo de prendas de uniformidad deberá ser previamente comunicada a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, que podrá denegar su utilización.

4. En la uniformidad, en cualquiera de sus modalidades, siempre estarán visibles, al menos, los elementos relativos al distintivo de identificación profesional referido en el artículo 25 de esta Orden, la indicación de la función de seguridad y el escudo-emblema o anagrama de la empresa de seguridad contemplado en el artículo 24 de esta Orden.

5. El color y la composición general del uniforme de los vigilantes de seguridad de cada empresa o grupo de empresas de seguridad privada, con la finalidad de evitar que se confunda con los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, necesitará estar aprobado previamente por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, a solicitud de la empresa o empresas interesadas.

6. Todas las solicitudes de autorización y comunicaciones referidas a la uniformidad de los vigilantes de seguridad serán dirigidas a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Artículo 23. Excepciones al deber de uniformidad.

1. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, en aquellos servicios que hayan de prestarse en determinados lugares de trabajo que así lo aconsejen, en especificas condiciones laborales que lo requieran, o en circunstancias climatológicas o de especial peligrosidad o riesgo, podrá autorizar el uso de prendas específicas, accesorias o adecuadas al puesto de trabajo, según lo dispuesto en las normas sectoriales o legislaciones especiales en las que se vele por la salud, seguridad o prevención de riesgos en los puestos de trabajo.

2. La solicitud será efectuada por la empresa de seguridad y el distintivo del cargo siempre será visible conforme a lo establecido en el artículo anterior de la presente Orden.

Artículo 24. Escudo-emblema.

Todas las prendas de la parte superior del uniforme, llevarán, en la parte alta de la manga izquierda, el escudo-emblema o anagrama específico de la empresa de seguridad en la que se preste servicio.

Artículo 25. Distintivo.

1. El distintivo de vigilante de seguridad se ajustará a las características determinadas en el anexo IX de la presente Orden.

2. En la parte superior del anverso del distintivo figurará la expresión vigilante de seguridad, o la de vigilante de explosivos, según corresponda, debiendo constar en la parte inferior el número de la habilitación.

3. El distintivo se llevará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve.

Artículo 26. Medios de defensa y su utilización.

1. La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad será de color negro, de goma semirrígida y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa en la prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, previa solicitud de la empresa de seguridad, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

4. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.

CAPÍTULO II

Escoltas privados

Artículo 27. Uniformidad, armamento y tiro.

1. Los escoltas privados vestirán de paisano y para su identificación profesional utilizarán su tarjeta de identidad profesional, sin poder estar acompañada de ningún emblema, placa o distintivo o con presentación semejante a la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. El arma reglamentaria de los escoltas privados será la pistola semiautomática del calibre 9 mm Parabellum.

3. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, a petición de la empresa de seguridad, podrá autorizar la utilización de otros elementos defensivos, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

4. Los escoltas privados efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral.

Artículo 28. Autorizaciones para portar armas fuera de servicio.

1. Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en el apartado cuarto del artículo 90 del Reglamento de Seguridad Privada se ajustarán al modelo que se apruebe por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

2. Igualmente, en los casos excepcionales contemplados en el apartado segundo del artículo 82, en relación con el apartado cuarto del artículo 90, ambos del citado Reglamento, en los servicios de protección personal que impliquen, además de un riesgo especial, la disponibilidad permanente del escolta privado para la prestación del servicio, en la resolución de autorización de los mismos, podrán establecerse condiciones específicas para el porte y custodia del arma, bajo la responsabilidad personal del propio escolta.

3. Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias de las autorizaciones.

CAPÍTULO III

Guardas particulares del campo

Artículo 29. Armamento y tiro.

1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Armas.

2. Los guardas particulares del campo efectuarán los disparos que se determine por el Ministerio del Interior, en un ejercicio de tiro obligatorio de carácter anual.

3. La defensa de los guardas particulares del campo, que podrán portar en la prestación de sus servicios, será de color negro, de goma semirrígida de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, previa solicitud de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función por cuenta propia, podrá autorizar la sustitución o complemento de la defensa reglamentaria por otras armas defensivas, siempre que se garantice que sus características y empleo se ajustan a lo prevenido en el Reglamento de Armas.

5. Asimismo, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, a petición de la empresa de seguridad, persona física o jurídica contratante de los guardas particulares del campo o, por el propio guarda, en el supuesto que desarrolle su función por cuenta propia, podrá acordar la utilización de otros elementos defensivos, para su uso en acontecimientos o servicios que, por sus condiciones de desarrollo, lo requieran.

Artículo 30. Uniformidad.

1. La uniformidad y el distintivo de los guardas particulares del campo serán los que se determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, correspodiendo a ésta la aprobación previa del color del uniforme, a solicitud del sector.

2. Las solicitudes referidas a la uniformidad de guardas particulares del campo, serán dirigidas al Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

TÍTULO III

Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada

CAPÍTULO I

Principios de actuación

Artículo 31. Principios básicos.

De conformidad con el apartado tercero del artículo 1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y el artículo 67 de su Reglamento, son principios básicos de actuación del personal de seguridad privada los siguientes:

1. Legalidad, y, en consecuencia, en las actividades de seguridad e investigación privada sólo se emplearán medios y acciones conforme al ordenamiento jurídico vigente.

2. Integridad, cumpliendo diligentemente los deberes profesionales oponiéndose a todo acto de corrupción.

3. Dignidad, mediante el recto ejercicio de sus atribuciones legales.

4. Protección, que implica desarrollar efectivamente sus responsabilidades para conseguir los niveles de seguridad establecidos, sin permitirse ninguna forma de inhibición en su función de evitar hechos ilícitos o peligrosos.

5. Corrección, desarrollando una conducta profesional irreprochable, especialmente en el trato con los ciudadanos, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o violencia.

6. Congruencia, por cuyo principio se aplicarán medidas de seguridad proporcionadas y adecuadas a los riesgos que se trata de proteger.

7. Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa de dotación.

8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo observar siempre las instrucciones policiales concretas sobre el objeto de su protección o investigación, en función de los medios de que disponga.

9. El personal de seguridad privada ejercerá la colaboración ciudadana comunicando a los cuerpos policiales competentes las informaciones relevantes para la seguridad ciudadana y la prevención del delito que conozca.

10. El personal de seguridad privada guardará rigurosa reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones, especialmente de las informaciones que reciba en materia de seguridad y de los datos de carácter personal que deba tratar, investigar o custodiar, y no podrá facilitar datos sobre dichos hechos más que a las personas que les hayan contratado y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II

Colaboración con la seguridad pública

Artículo 32. Deber de colaboración.

El deber de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las comunicaciones que contempla el artículo 66 del Reglamento de Seguridad Privada, así como la puesta a disposición de presuntos delincuentes, instrumentos, efectos y pruebas de delitos, a que se refiere el apartado segundo del artículo 76 del citado Reglamento, se cumplimentarán respecto a los miembros competentes del Cuerpo que corresponda, de acuerdo con el régimen de competencias previsto en el apartado segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o, en su caso, respecto a la Policía autonómica correspondiente.

Artículo 33. Requerimiento de colaboración.

En el cumplimiento de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada facilitará, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se lo requieran, directamente y sin dilación, la información o colaboración que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 34. Consideración profesional.

El personal de seguridad privada, en el ejercicio de su actividad profesional, recibirá un trato preferente y deferente por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto dentro como fuera de las dependencias policiales, pudiendo comparecer en éstas, con el uniforme reglamentario, siempre que tal comparecencia esté motivada con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 35. Consideración legal.

En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes.

Artículo 36. Menciones honoríficas.

1. El personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, podrá ser distinguido con menciones honoríficas que, en el caso de vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo y sus especialidades, se anotarán en su cartilla profesional.

2. Estas menciones podrán concederse de oficio o a iniciativa de particulares, de las empresas a las que pertenezca el personal, o de otras entidades relacionadas con la seguridad privada, otorgándose, a nivel territorial, por los Jefes Superiores o Comisarios Provinciales de Policía o, en su caso, por los Jefes de Zona o de Comandancia de la Guardia Civil del territorio donde se haya producido la actuación determinante de la mención, y a nivel central, por los Órganos o Unidades competentes, así como por las autoridades autonómicas competentes, quienes las anotarán en la cartilla profesional, previa comunicación oficial al interesado.

3. Además de al personal de seguridad privada, podrán también concederse menciones a personas, físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de la seguridad privada.

4. Las menciones honoríficas se otorgarán teniendo en cuenta la especial peligrosidad, penosidad, iniciativa profesional o transcendencia social, concurrentes en los supuestos que a continuación se relacionan y que determinarán las consiguientes categorías:

Categoría A:

Resultar lesionado el personal de seguridad privada, o haber corrido grave riesgo su integridad física, con motivo u ocasión de la prestación de un servicio, en cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección, con detención de los implicados, cuando suponga especial riesgo para su persona o grave dificultad en la realización.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante que, por su contenido, haya contribuido al esclarecimiento de delitos o hechos cometidos por organizaciones de delincuentes.

Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que, por su contenido o circunstancias, resulte importante para la seguridad del Estado o para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Categoría B:

Haber evitado la comisión de delitos en relación con el objeto de su protección.
Actuaciones humanitarias con motivo de accidentes, siniestros o catástrofes, que superen el estricto cumplimiento de sus deberes.

Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea acreedora de esta mención honorífica.

5. Las menciones honoríficas u otros reconocimientos que puedan concederse al personal o empresas de seguridad privada, se entregarán con ocasión de la celebración del Día de la Seguridad Privada o de actos de reconocimiento social al servicio que presta la seguridad privada.

6. Las anteriores menciones permitirán el uso de un pasador o distintivo específico sobre el uniforme, con el diseño que se determine, mediante Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, que no podrá confundirse con los de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional única. Comercialización de productos.

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se aceptará la validez de las evaluaciones de conformidad, siempre que estén emitidas por Organismos de Control acreditados, en base a la Norma EN 45011, y a la Norma EN ISO/IEC 17025, para laboratorios, y ofrezcan, a través de su Administración Pública competente, garantías técnicas profesionales de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, así como que las disposiciones del Estado, en base a las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad igual o superior al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

Disposición transitoria primera. Uniformidad y distintivos.

La uniformidad y los distintivos que se vinieran utilizando, antes de la entrada en vigor de esta Orden, podrán continuar siendo usados de forma indefinida.

Disposición transitoria segunda. Tarjeta de identidad profesional.

La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada seguirá siendo válida hasta su fecha de caducidad, en que será sustituida por el nuevo modelo regulado en esta orden.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de cursos de director de seguridad.

Los centros a que hace referencia el artículo 6 de esta Orden, que tengan reconocidas titulaciones para la habilitación de director de seguridad, deberán adaptar los cursos, a las exigencias de dicho artículo, en la convocatoria inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente Orden.

Las titulaciones obtenidas al término de los cursos que se encuentren iniciados, a la entrada en vigor de la presente Orden, y aquellos otros que ya estaban reconocidos para la habilitación de director de seguridad, tendrán validez indefinida.

Disposición transitoria cuarta. Exención de diplomas para detective privado.

No se exigirá el diploma, para la habilitación como detective privado, a quienes hubieran sido declarados aptos en las pruebas convocadas, por la Dirección General de la Policía, para los auxiliares de detective, investigadores e informadores, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes:

La Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Orden del Ministro del Interior, de 14 de enero de 1999, por la que se modifica lo dispuesto sobre módulos de formación de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo en la Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995.

La Orden del Ministro del Interior de 10 de mayo de 2001, por la que se modifican las características de la tarjeta de identidad profesional, reguladas en el anexo V de la Orden del Ministro de Justicia e Interior, de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal.

La Resolución de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la adquisición de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los vigilantes de explosivos y se concretan sus características.

2. Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

2. Lo dispuesto en esta orden se entiende sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía.

Disposición final segunda. Desarrollo.

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la modificación, en su caso, de los anexos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de febrero de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANEXO I

Requisitos de autorización y funcionamiento de los centros de formación

1. La autorización para la apertura de los centros de formación, actualización y adiestramiento profesional del personal de seguridad privada estará condicionada a la acreditación de los siguientes requisitos:

a) Documento que acredite la propiedad, arrendamiento o derecho de uso del inmueble.

b) Licencia municipal de apertura o, en su defecto, solicitud de la misma, adjuntando, en este último caso, el certificado de un técnico colegiado competente en la materia, de que las instalaciones reúnen las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y sobre prevención de riesgos laborales exigidos por la legislación vigente, y, además, el compromiso de aportar la resolución correspondiente una vez emitida. En caso de que la licencia de apertura fuera denegada, será revocada la autorización del centro.

c) Estarán dotados de un gimnasio y de una galería de tiro, que deberán cumplir las exigencias de ubicación y acondicionamiento establecidas en la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

d) La existencia de las instalaciones descritas en el párrafo c) podrá dispensarse si el centro afectado concertara la correlativa prestación de servicios con otras instituciones, públicas o privadas, bajo la inspección y control de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, para los centros en que se imparta o pretenda impartir formación al personal de seguridad privada, y en el ámbito de la Guardia Civil, para los centros en que se imparta o pretenda impartir exclusivamente formación para guardas particulares del campo y sus especialidades.

e) Los centros de formación que dispongan de armamento o cartuchería, bien en propiedad, bien en régimen de alquiler o cesión, para la realización de prácticas de tiro con fuego real, deberán disponer de los correspondientes armeros, debidamente autorizados para la custodia de las armas y de la cartuchería, que cuenten con análogas medidas de seguridad a las que se establecen en la normativa sobre empresas de seguridad privada.

f) Cuadro de profesores acreditados al que se refiere el apartado segundo del artículo 56 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. El funcionamiento de estos centros estará condicionado:

a) Al cumplimiento permanente de los requisitos de apertura exigidos en el apartado anterior.

b) A la comunicación inmediata de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos anteriores.

c) A la impartición de la totalidad del número de horas y del contenido de los módulos profesionales establecidos para cada una de las especialidades del personal de seguridad privada.

d) Al cumplimiento permanente de las condiciones establecidas en la resolución de autorización.

ANEXO II

Requisitos de acreditación del profesorado

Para obtener la acreditación que habilita para impartir enseñanzas en centros de formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada, se han de reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de titulación universitaria de grado superior, cuando la asignatura de que se trate esté integrada como enseñanza de tal carácter dentro del sistema educativo general.

2. En el supuesto de materias no recogidas en el sistema educativo general público, dicha acreditación será expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Cuerpo Nacional de Policía, salvo que la enseñanza estuviese específicamente relacionada con la formación de alumnos aspirantes a guardas particulares del campo y sus especialidades, en cuyo caso será expedida por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil.

Para expedir esta acreditación habrá de tenerse en cuenta la capacidad pedagógica y la calidad y grado de conocimientos característicos de los aspirantes, manifestados, con preferencia, a través de sus publicaciones, actividad docente previa y en el ejercicio de su profesión.

3. En todo caso, se tendrá en cuenta, a efectos de acreditación, la experiencia práctica adquirida por los aspirantes, en el ejercicio de funciones relacionadas directamente con la seguridad.

ANEXO III

Titulaciones para la habilitación de directores de seguridad

Las titulaciones para la habilitación de directores de seguridad habrán de tener como base la superación de cursos en los que se impartan, al menos, las siguientes materias:

Normativa de seguridad privada.
Fenomenología delincuencial.
Seguridad física.
Seguridad electrónica.
Seguridad de personas.
Seguridad lógica.
Seguridad en entidades de crédito.
Seguridad patrimonial.
Seguridad contra incendios.
Prevención de riesgos laborales.
Protección civil.
Protección de datos de carácter personal.
Gestión y dirección de actividades de seguridad privada.
Funcionamiento de los departamentos de seguridad.
Planificación de la seguridad.
Análisis de riesgos.
Dirección de equipos humanos.
Gestión de recursos materiales.
Colaboración con la seguridad pública.
Deontología profesional.

ANEXO IV

Formación específica

1. Se impartirán cursos de formación específica en los siguientes tipos de servicio: transporte de fondos, servicios de acuda, vigilancia en buques, vigilancia en puertos, vigilancia en aeropuertos, servicios con perros y servicios en los que se utilicen aparatos de rayos X.

2. Los servicios señalados en el apartado anterior serán desempeñados por personal de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso de formación específica.

No obstante, al personal de seguridad privada que, a la entrada en vigor de la presente Orden, se encuentre desempeñando un servicio de seguridad de los anteriormente citados o acredite su desempeño durante un período de dos años, no le será exigible la realización del curso específico relacionado con ese servicio.

3. Los cursos de formación específica serán impartidos en centros de formación autorizados y tendrán una duración mínima de diez horas de formación presencial.

4. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, de la Guardia Civil, cuando se trate de guardas particulares del campo o sus especialidades, podrá autorizar que este tipo de cursos, que deban tener condiciones específicas en cuanto a su contenido, ubicación o acondicionamiento de los espacios de aprendizaje y prácticas, se puedan realizar por formadores que tengan los conocimientos precisos y en instalaciones que cuenten con el equipamiento y medios necesarios.

ANEXO V

Características de la tarjeta de identidad profesional

1. La tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto los guardas particulares del campo y sus especialidades, tendrá las siguientes características:

Sus dimensiones serán de 85,60 mm de ancho y 53,98 mm de alto y llevará estampados, en el anverso, de forma destacada y preeminente, los literales «SEGURIDAD PRIVADA» y «TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL», y en su parte superior, el texto «Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil», el escudo nacional de España, los textos «GOBIERNO DE ESPAÑA» y «MINISTERIO DEL INTERIOR» y los colores de la bandera nacional española y de la Unión Europea.

La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos de su titular:

En el anverso:

Fotografía.
Fecha límite de validez.
En el reverso:
N.º de tarjeta de identidad profesional: que coincidirá con el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero, con todos sus caracteres alfanuméricos.
Apellidos y nombre.
Habilitaciones para las que el documento autoriza a su titular.
Número y fecha de cada habilitación.

Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, Autoridad o sus Agentes».

Asimismo figurará en la base del reverso la fecha de expedición de la tarjeta y el Equipo de Expedición.

2. La tarjeta de identidad profesional de los guardas particulares del campo y sus especialidades tendrá las siguientes características:

La tarjeta soporte llevará estampado en su anverso en el centro y como marca de agua el escudo nacional. En la parte superior y centrado hacia la derecha llevará estampado y de forma destacada en letra mayúscula el literal «SEGURIDAD PRIVADA». Debajo y centrada respecto a la anterior figurará la inscripción «tarjeta de identidad profesional».

En el lateral izquierdo en sentido vertical llevará el escudo nacional y el texto «MINISTERIO DEL INTERIOR», seguidamente el literal «DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL» y los colores de la bandera española.

En la parte derecha, por debajo de la inscripción «tarjeta de identidad profesional», figurará en mayúscula y resaltado el texto: «GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO».
La tarjeta de identidad profesional recogerá los siguientes datos:

En el anverso:

Especialidades para las que el documento autoriza a su titular.
Fotografía.
Número de tarjeta de identidad profesional.
Fecha límite de validez.
Lugar, fecha y antefirma de la autoridad que expide la tarjeta.

En el reverso:

Llevará visible el siguiente texto: «Esta tarjeta de identidad profesional es personal e intransferible y sirve para acreditar la condición del titular en los casos y circunstancias en que el ejercicio de su función lo requiera y siempre que le sea exigida por los ciudadanos, la Autoridad o sus Agentes».

Nombre.
Primer apellido.
Segundo apellido.
Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero con todos sus caracteres alfanuméricos.
Firma del titular.

ANEXO VI

Modelo de cartilla profesional

La cartilla profesional de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo se ajustará, respectivamente, a los modelos que aparecen en los Anexos VI y VII de la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad de 19 de enero de 1996, por la que se determinan aspectos relacionados con el personal.

ANEXO VII

Modelo de Libro-Registro de detectives

ANEXO VIII

Uniformidad de los vigilantes de seguridad

1. El uniforme podrá conformarse con las siguientes prendas:

Anorak.
Jersey.
Cazadora.
Chaqueta.
Corbata.
Camisa o polo de manga corta o larga.
Pantalón.
Chaleco.
Calcetines.
Zapatos.
Botas.
Cinturón.
Falda.

2. Las características técnicas se ajustarán a lo que se que se determine mediante la correspondiente Resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil.

ANEXO IX

Distintivo de los vigilantes de seguridad

1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de ancho por 6 cm. de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del anverso, figurará la expresión de «VIGILANTE DE SEGURIDAD» o «VIGILANTE DE EXPLOSIVOS», debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la habilitación. Las letras y números serán de color rojo.

2. Podrá ser de material metálico o plástico flexible, con las siguientes características:

Si fuera metálico estará elaborado mediante una aleación de un 65 por 100 de cobre y un 35 por 100 de zinc, recubierto con esmalte cerámico y tratado con baños de decapado, desengrasado, níquel y latón. Su fijación al uniforme se realizará con un imperdible horizontal.

Si fuera de goma flexible estará elaborado en policloruro de vinilo (PVC). Su fijación al uniforme se realizará con un sistema de cierre de gancho y bucle de los denominados tipo «velcro».

3. Quienes pretendan fabricar estos distintivos, lo comunicarán a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, a efectos de registro y publicidad.

4. Cuando se comunique a los vigilantes el número de la habilitación que les corresponde, se les facilitará la relación de fabricantes registrados para que puedan proveerles de los mismos.

5. Los fabricantes sólo suministrarán distintivos a aquellos vigilantes que se acrediten como tales con la tarjeta de identidad profesional, debiendo llevar un control de los distintivos suministrados, con anotación del nombre y del número de tarjeta de identidad profesional, que estará a disposición del personal competente del Cuerpo Nacional de Policía.

.

2011-01-08T03:29:00.004+01:00

LA FÁBULA DEL CONCIENCIADO Y LOS AUTO-DESTRUCTORES

Voy a contar una fábula muy emotiva y muy triste que se publicó en varias Web y que permanece solo en las mejores sobre seguridad privada. Sin duda se adapta como un guante a la verdadera realidad de la mayoría de gente por no decir chusma que puebla este sector, o mas concretamente, el último eslabón de este sector que somos los vigilantes.

Trata de un personaje no tan figurado del que desgraciadamente pululan muy pocos en este sector. Si te sientes identificado con la historia, descubrirás que tienes un problema.

Hace unas décadas, nuestro protagonista, que conoceremos por el nombre de "Intentoayudar" se incorporó a un sector entonces respetado, el de la seguridad privada. Al principio de su carrera trabajaba con compañeros (en el amplio sentido de la palabra), pero con el paso de los años, el sector vio como sus componentes se degradaban hasta llegar un punto en la actualidad en que la palabra compañero engloba a una escueta y escasa minoría de integrantes de la profesión, y el respeto brilla por su ausencia.

"Intentoayudar", siempre amigo de sus amigos, y compañero de sus compañeros, era una persona con quien desde siempre se ha podido contar, y muy implicado en la dignificación del sector. Le gustaba ayudar a sus compañeros, y lo hacía incluso con quienes no llegaban mas allá de coincidentes en la profesión.

Así pues decidió crear un foro donde dar voz a los problemas del sector, ofrecer la mas culta y veraz información, y ser el mejor lugar de consulta, apoyo y ayuda a sus iguales. Le gustaba ayudar y ser útil, y en el foro vio una buena vía para hacerlo. En ese foro conoció a algunos buenos amigos que lo fueron a las duras y a las maduras, aunque también conoció a verdaderos hijos de puta envidiosos y dañinos que poco a poco fueron depurados y apartados de lo que pretendió ser un lugar serio enfocado solo a la gente de buena voluntad, pero que emprendieron una lamentable campaña de acoso y derribo, sin éxito, pero que continúa. Para ello no dudan en recurrir a comportamientos indignos y miserables, como ellos son.

La fórmula le fue bien durante años y pudo ayudar a mucha gente cuando lo necesitó. Creó también una Web con toda la información técnica y legal que un profesional pueda necesitar a solo un clic de ratón. En su foro fue azote de estafadores y vividores desenmascarándoles y sacando a la luz sus maquinaciones y tramas sucias, así como las actuaciones que perjudicaban al personal operativo de seguridad privada. Por ello fue sumamente crítico con varios sindicatos que engañan o lo pretenden, al trabajador.

Estas denuncias de corruptelas y malas intenciones de esos corruptos le procuraron varios enemigos (en número inferior al de amigos logrados), y los ataques gratuitos, difamatorios, injuriosos y calumniosos se sucedían. Incluso estos delincuentes se inventaban acusaciones maliciosas disfrazadas de "cuentos" con todos esos delitos mencionados como argumento.

Nuestro amigo "Intentoayudar" llevaba años en servicios tranquilos, cómodos, trabajando con arma, reconocido y valorado, ganando lo que necesitaba, y sin conflictos con las empresas. Se encontraba razonablemente bien situado, pero no era inmune a las grandes injusticias y abusos que se daban en el sector sobre otros compañeros, ni le pasaban desapercibidas las traiciones de varios sindicatos.

"Intentoayudar" se afilió durante un par de años a un sindicato que afiliaba intrusos, del que pudo ver mucha vileza y ningún servicio al afiliado. Eso se sumaba a lo que veía que hacían los grandes sindicatos y sus satélites en la mesa negociadora, traicionándonos convenio tras convenio.

Así pues, y con la previa oposición inicial de su esposa de virginal nombre y santo comportamiento, planteó en su foro la posibilidad de crear un nuevo sindicato que de verdad trabajase por el bien de los compañeros. La idea fue bien acogida por la mayoría de las personas, aunque solo unos pocos tuvieron el valor de implicarse.

Con el apoyo de su esposa de virginal nombre, y con la colaboración de un puñado de compañeros, se iniciaron los trámites de creación del nuevo sindicato que solo podría traerle complicaciones y perjuicios a "Intentoayudar" porque su honradez le impedía estar sin hacer nada por intentar cambiar las cosas como hacen la inmensa mayoría de "compañeros" pese a tener un servicio cómodo y tranquilo. Los costes de creación recayeron sobre los creadores del sindicato que si bien al principio contaron con unas pequeñas aportaciones de algunos buenos compañeros que les permitieron dar el primer paso, a partir de ahí supusieron desembolsos mensuales que salieron de los propios bolsillos del grupo de creadores del sindicato, pues las afiliaciones eran escasas para poder hacer frente a los costes.

Alquilaron un local barato para poder recibir a los compañeros que necesitasen de su ayuda, y ser sede de la nueva formación. Todos los meses tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para costearlo. Querían trabajar para mejorar la vida de tantos y tantos desagradecidos que se dedican a criticar desde la cobardía de un teclado y escondidos en el anonimato.

Durante meses trabajaron mas allá de sus posibilidades económicas, cediendo la mayor parte de su tiempo libre de forma desinteresada y llegando hasta donde podían, mientras los compañeros en general les daban la espalda. Intentaron crecer, y para ello estuvieron a punto de crear una delegación en Valencia, pero quienes la pretendían dirigir solo querían esa responsabilidad con fines egoístas y particulares, y no para trabajar por sus compañeros. Eso supuso una crisis en el sindicato que los mas incapaces aprovecharon para abandonar, que era lo que querían realmente. La crisis no fue mas que la excusa. Así pues, la formación se resintió, con la alegría manifestada públicamente por algunos compañeros que a modo de buitres, no se daban cuenta que la carroña que se estaban comiendo era la suya propia, que el cadáver que rondaban era el suyo propio.

Estos malos compañeros, por pura envidia y maldad, deseaban el fracaso del único grupo de compañeros verdaderamente dispuestos a ayudarles. Pero el rencor, la envidia y la ira les impedían ver la verdad, y se alegraban de lo que era su propia desgracia.

Como resultado de tanta traición y desagradecimiento, el sindicato fue reestructurado por los pocos miembros que quedaban, y tomó la tajante decisión de trabajar con mucha menos intensidad, dedicarle sus dirigentes el tiempo estrictamente necesario sin sacrificar como hasta entonces su vida familiar, y trabajar fundamentalmente para sus afiliados, y no para quienes no lo son y menos aún para quienes les desean el mal. Así es como actualmente funciona ese sindicato. También el foro continúa funcionando para dar servicio a quien lo necesita, porque esa y no otra razón, movió siempre a su fundador.

Es sabido que las buenas obras no suelen ser agradecidas y que los mas sinvergüenzas atacan con saña a quienes las emprenden. Esta vez no es la excepción. Nunca nadie jamás pudo, puede ni podrá demostrar que "Intentoayudar" no es honrado, que no ha trabajado siempre honradamente, que no es amigo de ayudar y que no ayuda, y tampoco podrán demostrar jamás que "Intentoayudar" haya sacado algún beneficio de su gestión por el bien del sector, sino todo lo contrario.

Es fácil difamar, pero no tanto demostrar la difamación. Por eso los cobardes difaman, y los gilipollas muerden la mano que les tienden.

MORALEJA: Nunca ayudes a desagradecidos, cobardes, traidores, envidiosos y bobos, ni trabajes a su lado, porque saldrás escaldado. Que cada perro se lama su herida. Así le va al sector.

El foro del que habla esta "fábula" es http://seguridadprivada.foroes.net la Web con información técnica es esta que estás leyendo, y el sindicato creado para ayudar al habilitado es la Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada, ASP.

Los buitres antropófagos mencionados son la chusma que todos conocemos, integrada por algunos de los miembros de sindicatos traidores y corruptos, junto a Sobeznos, Yuris, Juanitos, Oviedos y demás sinvergüenzas, es decir, los de siempre. El resto... el resto somos todos los habilitados que permitimos que se nos humille, engañe, robe, agreda, asesine y esclavice.

¿Aprenderemos alguna vez?.

.